La Fiscalía Anticorrupción investiga la compra en el año 1999 de una zona verde en Cala Molins que pasó a ser del Ajuntament de Pollença por 180.000 euros (34 millones de pesetas) a pesar de que la cesión debía ser gratuita en virtud de un acuerdo de legalización de la última planta del Hotel Molins. La operación podría suponer un fraude global de 1'6 millones de euros, según estima la Fiscalía.
El fiscal Juan Carrau investiga si fue el exconseller de Obres Públiques Jaume Carbonero, entonces arquitecto municipal, quien firmó en nombre del alcalde el convenio urbanístico mediante el cual el Ajuntament compró la parcela.
El Ajuntament compró 1.500 metros cuadrados de suelo que según el planeamiento, redactado por el propio Carbonero, eran de cesión gratuita.
Aunque el Partit Popular de Pollença denunció públicamente la operación de compra en pleno en julio de 2002, el caso nunca había sido objeto hasta ahora de una investigación judicial.