La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Inca ha abierto diligencias previas para aclarar si, tal y como denunció Café Capuchino 1919 el pasado mes de julio, el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, el exalcalde Bartomeu Cifre Ochogavía y los miembros de la junta de gobierno del Ajuntament de Pollença asistentes a la sesión celebrada el 5 de mayo de 2015 han cometido un delito de prevaricación administrativa permitiendo a la familia Valls explotar el quiosco de helados del puerto sin licitación pública.
La juez ha ordenado a la Policía Judicial de Pollença-Alcúdia que se persone en la sede del Ajuntament para obtener copia íntegra del expediente relativo a la concesión del espacio público, y abre además una pieza de responsabilidad civil de los querellados para investigar su patrimonio y en el momento procesal oportuno acordar sobre la exigencia de fianza.
Así consta en un auto judicial fechado el 31 de enero de 2017, solo dos días antes de que el Ajuntament de Pollença desmontara el quiosco de Gelats Valls renunciando a sacarlo a licitación.