La muerte a tiros de un centenar de cabras salvajes en la finca pública de Galatzó ha indignado a las asociaciones animalistas y varias de ellas preparan acciones legales contra el Govern por permitir la matanza y contra el Ajuntament de Calvià, (institución propietaria del predio) por solicitar al Consorci per a Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib) el descaste.
El último trimestre de 2016, a petición del equipo de gobierno municipal socialista, el consorcio dependiente de la Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca llevó a cabo varias batidas en la finca pública, un hecho que sólo trascendió cuando el edil del PP Bartomeu Bonafé inquirió al respecto en el pleno del Consistorio. Un falta de transparencia que, según Francisco Capacete, abogado especializado en Derecho Animal, contraviene las leyes europeas y españolas. «Se ha seguido la misma dinámica de secretismo» de hace un año en la matanza de cabras que el Govern también llevó a cabo en el islote de es Vedrà (Eivissa). Un caso que se encuentra en los tribunales.
Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista PACMA, informó este miércoles desde Madrid que la formación emprenderá acciones legales «para paralizar la matanza de cabras en la Serra de Tramuntana, de la misma manera que hemos conseguido paralizar la matanza de 2.700 cabras en la Sierra de Guadarrama».
El Cofib se siente «calumniado»
Desde el Cofib apuntan que los descastes los realizan técnicos especializados, siguiendo protocolos exhaustivos y control de la muerte para evitar sufrimiento innecesario. «En algunos casos se procede al remate de los animales», añaden.
En el Cofib se declaran «cansados» de que se les relacione con «calumnias motivadas por intereses que no tienen que ver con la conservación de la biodiversidad».