Han pasado dos años desde que el Juzgado Número 1 de Inca abriera, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, diligencias previas por un presunto delito de prevaricación cometido por el entonces alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía, por paralizar el desarrollo de varias urbanizaciones de Pollença, entre otras el Vilà, la Font y Formentor. Un auto de la Audiencia Provincial permite ahora al denunciante del caso, el abogado Leopoldo de Miguel, ejercer de acusación popular en defensa del interés general en esta causa.
La Audiencia concluye que De Miguel no puede ser acusación particular por no ser propietario de ninguno de los terrenos de las urbanizaciones cuestionadas pero sí puede personarse, si así lo solicita, como acusación popular. El abogado ya ha confirmado que ejercerá la citada acusación popular.
El origen del caso está precisamente en un escrito que el abogado Leopoldo de Miguel registró en la Fiscalía de las Illes Balears en septiembre de 2014 acusando a Cifre Ochogavía de paralizar premeditadamente el desarrollo de la urbanización del Vilà con la intención de cobrar el 15 por ciento de aprovechamiento.