El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha advertido a la directora general de relaciones del Parlament, Beatriz Gamundí, de que la Ley 12/2016 de 17 de agosto de Evaluación Ambiental podría ser incostitucional.
Entre otros motivos alerta que el Govern pueda autorizar el paso de excursionistas por las llamadas zonas de exclusión prescindiendo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana (PORN). Hasta ahora las zonas de exclusión estaban reservadas para el uso científico debido a su vulnerabilidad.
El Gobierno central advierte de que el cambio legislativo «puede implicar una disminución del nivel de protección ambiental garantizado por la legislación básica estatal». Por ello, ha dado traslado la Ley al Tribunal Constitucional y ha abierto lo que se conoce como ‘cauce de cooperación' para negociar con el Govern una solución al conflicto y evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Fuentes de la Conselleria de Presidència confirmaron este lunes que ya hay un acuerdo de la Comisión lateral de cooperación de abrir conversaciones con el Ministerio.