El área de Urbanismo del Ajuntament de Andratx recuperará en pocas semanas la figura del celador de obras para velar por la legalidad de las construcciones y promociones inmobiliarias que se efectúan en el municipio.
Desde que el pasado mes de mayo la celadora que quedaba en el Consistorio causara baja (después de que su compañero en el departamento pidiera el traslado a Calvià), la Administración andritxola no contaba con especialistas en control urbanístico. De estas tareas se ha ocupado hasta ahora la Policía Local del municipio. Sus agentes analizaban las denuncias presentadas, pero rara vez actuaban de oficio.
Así, cuando el alcalde Jaume Porsell (PP) tenía constancia de alguna denuncia por presunta infracción urbanística, el edil daba instrucciones a la Policía Local para que elaborara un informe al respecto. «Este informe va a Urbanismo y el departamento inicia el procedimiento analizando si la obra denunciada es ilegal o legalizable, y luego se traslada al departamento de disciplina urbanística para incoar el preceptivo expediente», aseguraba entonces el alcalde.
Casi medio año después, el Ajuntament de Andratx volverá a contar con celadores municipales, toda vez la funcionara de baja se reincorpore a su puesto y la plaza vacante dejada por el celador que se trasladó a Calvià sea cubierta mediante la convocatoria de un concurso.
Según Porsell, la principal causa de la demora producida a la hora de cubrir el puesto de celador que había quedado desatendido, se debe a que el Consistorio no contaba con un bolsín de funcionarios interinos para cubrir bajas en diferentes escalafones. «Durante estos meses se ha tenido que crear un bolsín, cumpliendo de manera escrupulosa todos los plazos administrativos marcados por la Ley», explica el alcalde Jaume Porsell.