La decisión del Parlament de no prorrogar la moratoria para la instalación de redes de alcantarillado en suelos urbanos que no disponen de ellas y, así, los ayuntamientos pudieran seguir otorgando licencias de obra y cédulas de habitabilidad empieza a tener sus primeros efectos, evidenciados este miércoles en el Ajuntament de Llucmajor.
El pleno de la Corporación presidida por el alcalde Jaume Tomàs (Més), reunido en sesión plenaria, selló por unanimidad de todos los grupos municipales (PP, PSOE, Més, PI, ASI y SSPLL) el compromiso de iniciar la dotación de alcantarillado en las urbanizaciones costeras de Cala Pi, Vallgornera y es Pas. Un proyecto, cuyo coste de ejecución, según estimaciones del alcalde, pude dispararse hasta los 12 millones de euros, ya que las obras de la red de saneamiento deberán prever un sistema de tuberías en suspensión que garanticen la preservación de las cuevas subterráneas de es Pas de Vallgornera, declaradas monumento natural.
Según explicó Tomàs, una vez denegada la prórroga a la moratoria de alcantarillado, el Consistorio no ha podido acogerse al régimen de exenciones previsto en la legislación autonómica debido al tamaño de las urbanizaciones, diseñadas para la residencia de más de 6.000 personas en viviendas, la mayoría unifamiliares, y construidas en 1.040 solares.
La obligatoriedad de iniciar las obras de la red de saneamiento en Cala Pi, Vallgornera y es Pas requerirá al Ajuntament de Llucmajor la necesidad de imponer contribuciones especiales a los propietarios de los 1.040 solares de la zona para cubrir el presupuesto que Jaume Tomàs estima entre los 10 y 12 millones de euros.