Los 21 extrabajadores de la empresa que, desde 1980 y hasta el pasado 1 de mayo, prestó al Ajuntament de Calvià sus servicios de recaudación de los impuestos municipales han llevado a la Administración local presidida por el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) ante los tribunales. El pasado 21 de septiembre se celebró en el Juzgado de los Social una vista en la que los representantes legales de los exempleados de Balear de Datos y Procesos reclaman la incorporación de estos al Consistorio en calidad de personal laboral.
Según un portavoz de los trabajadores, tanto el Ajuntament de Calvià como la empresa con la que trabajaban habían asegurado a estos profesionales que, en el caso de que el servicio de recaudación se internalizara y pasara a llevarlo a cabo la propia Administración pública (que es lo que ha ocurrido), el Consistorio se subrogaría la plantilla de la empresa y ésta pasaría a convertirse en personal laboral municipal.
Debido a la deficiente gestión en la convocatoria, licitación y adjudicación de un nuevo concurso para la adjudicación del servicio de recaudación municipal y, posteriormente, a la decisión del Ajuntament de Calvià de internalizar el servicio, los 21 de trabajadores de Balear de Datos y Procesos han sido víctimas de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) objetivo y, al no ser ‘asimilados' como personal laboral por parte de la Administración local calvianera, se han quedado en el paro.