Cuando el actual equipo de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell ocupó el cargo hace un año, halló en los cajones 150 expedientes de demolición pendientes de ejecutar. Se refieren a construcciones realizadas sin licencia en suelo rústico, ampliaciones, piscinas e incluso viviendas completas que por diferentes razones no son legalizables.
Siguiendo el proceso establecido en 2014 por la nueva Ley del Suelo la agencia comenzó a reiterar a principios de año las órdenes de demolición. Se abre un periodo voluntario en virtud del cual el infractor puede obtener un 80 por ciento de rebaja en la sanción. En caso de que continúe el incumplimiento se contemplan 12 multas consecutivas de un 10 por ciento del importe de la obra cada mes lo que llevaría a pagar un 120 por ciento más de la sanción establecida inicialmente.
Hasta el momento, la agencia ha reiterado un centenar de órdenes de demolición y aproximadamente 25 propietarios se han acogido al plazo voluntario. Quedan pendientes 50 órdenes para completar la primera remesa si bien es cierto que no serán las últimas. Al margen de las 150 órdenes acumuladas, la agencia de disciplina ha reactivado la tramitación de expedientes y las inspecciones en todo el suelo rústico de la Isla.