Los propietarios de Cala Carbó, una de las urbanizaciones de Pollença desclasificadas en 2008 por la Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Sostenible, reclaman al Govern más de 25 millones de euros en concepto de gastos.
El Tribunal Supremo anuló en junio de 2015 las indemnizaciones millonarias que había reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Estas ascendían a 22,5 millones de euros, aunque los propietarios reclamaban inicialmente 137 millones. Con ello, el Supremo dictaminó que no podían ser resarcidos por sus expectativas de urbanización frustradas, sino exclusivamente por los «gastos de elaboración del proyecto o proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución necesarios para legitimar su actuación de urbanización, los de las obras acometidas, financiación, gestión y promoción».
El Supremo advertía que la cifra final de las indemnizaciones se determinaría durante la fase de ejecución de la sentencia, ya en su recta final. Pero el Govern interpretó de forma inmediata que las indemnizaciones serían mucho menores que las inicialmente previstas. La cuestión no está ahora tan clara.
Los propietarios ya han presentado sus peritajes particulares y algunas fuentes apuntan a que la cifra total estaría entre los 25 y los 30 millones de euros.