El PP de Sóller ha acusado al equipo de gobierno de «dejarse convencer» por las ideas de uno de sus miembros –en referencia a la concejala de MÉS, Catalina Esteva– para elevar a pleno la derogación de la ordenanza de calesas turísticas aprobada en 2012, lo que en la práctica supone la prohibición en el municipio de este típico medio de transporte.
Durante el pleno ordinario celebrado el martes por la noche, el portavoz del grupo popular, Carlos Simarro, aseguró que «la decisión de prohibir las calesas se ha tomado después de tener conocimiento y haber incluso mantenido conversaciones con un particular que estaba interesado en montar un negocio de este tipo en el municipio y había ofrecido un proyecto».
Simarro, después de leer una carta que este ciudadano había remitido a alcalde lamentando que se hubiera tomado la decisión sin tener en cuenta su iniciativa, recordó que «hace cuatro años la izquierda votó a favor, pero ya entonces Esteva no estuvo de acuerdo con la ordenanza», por lo que interpreta que «ahora escudándose en un informe negativo de la Policía Local, que curiosamente hace cuatro años fue positivo, se hace caso a la concejala y se coarta una iniciativa privada».
Realidad viaria
Por parte de la Policía Local se asegura que «la realidad viaria y de circulación no es compatible actualmente con este servicio como actividad regulada, ya que la ordenanza permite hasta cinco calesas».
Además, el pleno aprobó la encomienda de gestión de los residuos urbanos y limpieza viaria y de las playas a la empresa municipal Sóller 2010.