Alternativa per Pollença (en la oposición) investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las autorizaciones de ocupación de la vía pública por los bares y restaurantes durante la pasada legislatura con Tomeu Cifre Ochogavía (Tots) como alcalde ante la sospecha de que se ha podido producir un presunto delito de prevaricación.
Si se corrobora este hecho, denunciado públicamente por el nuevo gobierno municipal (Junts-UMP) hace ahora una semana, Alternativa no descarta trasladar la investigación a la Fiscalía Anticorrupción. «Estamos tratando de descubrir cómo se daban las autorizaciones ilegales y cómo se dejaron caducar los expedientes disciplinarios. Esperamos que el equipo de gobierno sea más valiente que en el caso de apropiación indebida de iphones y ipads y no se conforme simplemente diciendo que harán las cosas mejor», dice Alternativa.
El nuevo equipo de gobierno (Junts-UMP) informó públicamente hace ahora una semana de que, en algunos casos, las autorizaciones que dio el anterior gobierno para 2015 (y anteriores años de la legislatura) incumplen la normativa municipal. Asegura que, mientras a la mayoría de locales se les aplicaba la normativa, había casos en los que se concedía un número de mesas y sillas que superaba ampliamente los máximos previstos por la ordenanza, que en algunos casos llegaba a duplicar la ocupación que legalmente era autorizable.
Según esta denuncia se producían agravios comparativos entre locales, favoreciendo ilegalmente a alrededor de una quincena mientras que a otros se les aplicaba estrictamente lo que decía la normativa de ocupación vigente.