Cerca de 50 caravanistas se plantaron este viernes en el pleno de Lloret para reclamar una solución al Consistorio ante su muy probable expulsión del área de la Comuna, un espacio que ocupan desde hace más de 35 años. Antoni Bennàssar, el alcalde, les repitió públicamente que «legalizar» la situación del espacio es una de las «máximas prioridades» de su gobierno, y pidió a la oposición que colabore para conseguirlo.
No obstante, esta petición llegó después de un agrio enfrentamiento con los ediles del PP, el PSOE y el PI (oposición), los cuales aseguraron que jamás pretendieron que los caravanistas se vieran obligados a abandonar la Comuna al solicitar el polémico informe jurídico que, a todas luces, conllevará su desahucio. Únicamente buscaban mejorar la seguridad de los usuarios y evitar posibles desgracias, tanto para ellos como para el Ajuntament.
El conflicto de las caravanas tiene un origen político administrativo y este viernes se debatió en público por primera vez.