Hasta 8 entidades bancarias que tienen oficinas en Inca, han participado este martes en la reunión informativa para la creación de una Bolsa de Viviendas de Alquiler Social.
Desde el Consistorio informan que «la inclusión de los bancos y cajas a este programa que se quiere poner en marcha en breve, es básica, ya que con la crisis poseen inmuebles sin habitar. Es muy positivo que todos los asistentes hayan manifestado su intención de colaborar para que indica el grado de compromiso con la ciudad», ha explicado el Alcalde, Virgilio Moreno. Las entidades han manifestado que una vez se tengan los detalles del posible convenio se pondrán en marcha para poner viviendas a disposición del programa.
Servicios Sociales
Informan que en estos momentos desde el área de Servicios Sociales «se trabaja con la redacción de un convenio con la supervisión del Ibavi para poder ofrecer a los participantes del programa de la Bolsa de Vivienda Social de Inca. Nuestra intención es avanzar hacia un modelo de alquiler social porque creemos que es lo que más encaja con la tipología y necesidades de los futuros usuarios; que serán priorizados por los técnicos, sobre todo menores y casos de emergencia», ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Maria del Carmen Oses. Paralelamente, se trabaja con el Ibavi para concretar la aportación por parte del Govern. Mientras tanto, los técnicos municipales «están elaborando un informe sobre el estado de los inmuebles municipales, con el objetivo de conocer el estado de los mismos para que puedan formar parte del programa».
La Bolsa de Vivienda Social será un programa que tiene por objeto «paliar las necesidades de vivienda que la actual crisis económica ha generado en Inca, a través de la creación de una Bolsa de Viviendas de Alquiler Social. Esta bolsa estará constituida por todas aquellas viviendas que aporten tanto los particulares, como las entidades financieras, como las administraciones y empresas públicas, así como las entidades sociales no lucrativas y que tiene como destinatarios finales a las personas y familias que no pueden acceder a una vivienda digna, ni en propiedad ni en alquiler, y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por los técnicos municipales de los Servicios Sociales».