La Fiscalía Anticorrupción tiene desde hace unos meses en el punto de mira a varios municipios de la Part Forana. La fiscal Ana Lamas está investigando la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico protegido con licencias antiguas, algunas de ellas caducadas desde hace más de diez años.
Así se desprende de varias denuncias interpuestas y que están siendo objeto de exhaustivo análisis por parte del ministerio fiscal. Según parece, el Ajuntament de Ses Salines podría estar interpretando una normativa urbanística de forma sesgada autorizando la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico protegido, causando un grave perjuicio medioambiental de difícil reparación.
Según el Ajuntament, cuyo máximo responsable jurídico es el secretario Jaime P.M., –anteriormente destinado en Porreres– para las licencias antiguas no es de aplicación la Ley del Suelo Balear de 2014 ni su posterior reglamento según el cual las licencias caducan automáticamente una vez transcurridos el plazo de ejecución de las obras, por lo que los promotores pueden construir ahora en base a licencias de hace más de 10 años sin necesidad de renovarlas.
Anticorrupción entiende que con la ley antigua el Consistorio está obligado a dar por caducadas las licencias, por lo que no hacerlo a sabiendas podría entenderse como un claro indicio de prevaricación urbanística.
El arquitecto municipal y la artiquecta técnica denunciaron en febrero un caso de prevaricación en materia urbanística.