La imposición de multas por infracciones urbanísticas en el Ajuntament de Pollença ha sufrido una caída drástica desde el inicio de legislatura. Aunque se han abierto 23 nuevos expedientes de infracción desde la entrada en el gobierno de Junts y UMP, solo se han firmado dos sanciones.
Tots per Pollença (en la oposición) achaca la situación a la «falta de acuerdo entre los socios de gobierno y Alternativa a la hora de decidir qué porcentaje de sanción se debe poner». Recuerda que, cuando asumió la Alcaldía en 2011, «el Ajuntament llevaba cuatro años sin multar». «Entre 2007 y 2011 no se ponían multas y yo opté por asumir la competencia y comenzar a tramitar expedientes aplicando la sanción mínima, de un 50 por ciento en rústico común y de un 100 por cien en rústico protegido», dice.
El equipo de gobierno (Junts-UMP) niega que el parón se deba a una falta de acuerdo entre los socios y Alternativa. Este lunes convocaron formalmente al resto de portavoces políticos a la reunión requerida por Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots). Pondrán sobre la mesa una revisión de los criterios que se aplicaban hasta ahora.