El pacto tripartido (MÉS–PSOE–PI) que gobierna del Ajuntament de Llucmajor parece dispuesto a poner el punto y final con la aparente 'manga ancha' de la que han disfrutado los infractores urbanísticos en el municipio durante los últimos años.
El Ejecutivo municipal presidido por el alcalde Jaume Tomàs (MÉS) tiene previsto reestructurar el servicio de disciplina urbanística, «prácticamente inexistente hasta ahora, debido a la falta de personal técnico en el departamento», apuntan desde el Consistorio.
De esta manera, las fuentes consultadas por este diario apuntan que, para paliar este déficit profesional, el Ajuntament incorporará antes de finales de año nuevos arquitecto y aparejador, para, «poco a poco, crear la estructura necesaria para contar con una oficina de disciplina urbanística».
Las mismas fuentes advierten de que en un municipio como el de Llucmajor –el más extenso de Mallorca, así como de los más poblados y urbanizados– los ingresos en concepto de sanciones por infracciones urbanísticas «son mucho menores de lo que sería normal».
En esos años, las arcas públicas llucmajoreres recaudaron un total 84.862 euros. Una cifra que se sitúa muy por debajo de lo ingresado por el mismo concepto en términos mucho más pequeños como Petra (436.541 euros), Sencelles (315.829 euros), Bunyola (282.417 euros), Alaró 237.683 euros) o Santa Eugènia (165.670 euros).