El Tribunal Supremo exime al Govern balear de pagar 22,5 millones de euros a los propietarios de Cala Carbó y l'Ullal, en el municipio de Pollença, por los daños y perjuicios que les ocasionó la desclasificación de la urbanización aprobada en 2008 a través de la Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible que aprobó el anterior pacto de gobierno.
Tras el fallo judicial del Tribunal Superior de Justícia de les Balears en el que se obligaba al Govern a indemnizar de manera millonaria a los propietarios, la Administración autonómica recurrió la sentencia y alegó que el Ajuntament de Pollença tenía que ser corresponsable del pago de las indemnizaciones. El alto tribunal también ha fallado ahora que el Consistorio no tiene responsabilidad ninguna y ha eliminado las indemnizaciones por «lucro cesante» y las ha dejado en «el simple resarcimiento de los gastos ocasionados», celebran desde Junts per Pollença, partido que gobierna junto a UMP en el Ajuntament.
Desde el equipo de gobierno aplauden la sentencia del Supremo porque aseguran que «confirma que las medidas proteccionistas llevadas a cabo durante la legislatura 2007-2011 fueron acertadas, ya que resolvían el problema histórico de Cala Carbó y no han supuesto una gran carga económica para los pollencins».
La sentencia del Tribunal Supremo, contra la que no cabe recurso, desestima así el pago de una indemnización de 22,5 millones de euros a los propietarios de Cala Carbó y l'Ullal que denunciaron el cambio de normativa urbanística de la zona y que en 1990 fue declarada apta para su urbanización, aunque les reconoce el derecho a ser resarcidos de los gastos de elaboración del proyecto o proyectos técnicos que hubieran sido necesarios para legitimar su actuación en la urbanización, los de las obras acometidas, financiación y gestión para la ejecución de la actuación cuya cantidad se fijará en ejecución de sentencia.