El Ajuntament de Inca ha dado orden al personal del área de Urbanismo de trabajar «a destajo» en los expedientes relativos a las obras del Teatre Principal, con el fin de tener terminados el 15 de junio los informes necesarios para denunciar a la constructora ante el juzgado.
Así se desprende de una instrucción interna remitida el lunes por el concejal de Urbanismo, Felip Jerez, en la que se pide a los funcionarios la prolongación de su jornada «siempre que las circunstancias personales y familiares lo permitan» para dar salida a «la carga de trabajo extraordinaria derivada de la Fundació Teatre Principal y la urgencia en cumplir los requerimientos que la gestión de este equipamiento supone».
La decisión de rescindir el contrato a la empresa constructora fue anunciada por el Patronato de la Fundació Teatre Principal en febrero. Tres meses después y a dos días de las elecciones, la entidad integrada por Ajuntament d'Inca, Govern balear y Consell de Mallorca aún no dispone de los preceptivos informes para reclamar daños y perjuicios ante la Justicia.
A esta circunstancia se añade la polémica suscitada el pasado mes de abril, cuando el equipo de gobierno del PP aceptó pagar unos 20.000 euros y conceder 20 días de vacaciones extra al arquitecto municipal en concepto de horas extras dedicadas al seguimiento de las obras del teatro. Esto ha causado malestar entre el personal de Urbanismo, en el que algunos piensan que con todas estas horas abonadas a un solo funcionario los informes ya podrían estar terminados.
La circular firmada por Jerez argumenta que se pide este esfuerzo para «no demorar de manera significativa las tareas ordinarias del departamento de Urbanismo», además de la necesidad de concluir el informe sobre el teatro, paralizadas desde finales de 2014 por desavenencias en relación al sobrecoste de los imprevistos surgidos durante su ejecución.
La UTE Dragados-Coexa se adjudicó en abril de 2014 la reforma del Teatre Principal por 2,8 millones, rebajando en 1,1 millones el presupuesto inicial. Seis meses después reclamaba más de 300.000 euros en facturas extra y comenzaban los problemas; mientras, las obras llevan más de seis meses paradas y se ha perdido una subvención de 2,4 millones de fondos europeos.