La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Inca interrogará este miércoles como imputados, a partir de las 17.00 horas, al alcalde de Alaró, Joan Simonet, la concejala de Limpieza y Deportes, Maria Antònia Cifre, y a una responsable de área, Dolores Alzamora, encausados a raíz de la situación de hostigamiento y acoso a la que habrían sometido a una empleada del Ajuntament.
Todos ellos fueron imputados después de que la jueza admitiese a trámite la querella interpuesta por la trabajadora. Sobre los querellados pesan presuntos delitos de acoso laboral, contra la libertad sindical y lesiones.
Simonet es, además, el director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), dependiente del Govern, y fue el año pasado presentado como candidato del PP a su reelección como primer edil, si bien finalmente, tras la que es su segunda imputación, concurrirá en las elecciones municipales del 24 de mayo a través de una nueva agrupación política, Junts per Alaró.
Tal y como recoge la querella, fue en junio de 2007 cuando la denunciante comenzó a prestar funciones laborales en el Consistorio. Tres años después fue elegida delegada sindical en su área y nombrada coordinadora de la misma tras ser consensuado por el resto de empleados, lo que dio inicio a una «verdadera campaña de acoso y desautorización» contra ella en un «empeño y afán de perjudicarla».
Unos hechos que, según el escrito de la denunciante, firmado por el letrado Francisco José Pérez, llevaron al alcalde a ordenar la modificación del horario y el centro de trabajo de la afectada, todo ello en el marco de unas condiciones laborales que afectaron a su salud y provocaron su baja laboral por enfermedad.
Tal y como incide la querella, una vez se reincorporó a su puesto, Simonet convocó a una reunión al resto de empleados y, en el transcurso de la misma, notificó «de forma pública y sin previo aviso» el cese de la empleada como coordinadora y su sustitución por Alzamora, que según la querella fue una de las personas que, «con amparo del alcalde y la concejala», libró la campaña de acoso contra la trabajadora «guiada por el odio y una estulta idea de venganza».
A partir de este momento, relata la denuncia, Alzamora decidió arremeter contra la empleada «de forma más gravosa y lesiva», denegándole tiempos de descanso, impediéndole disfrutar de días libres y vacaciones, denegándole de forma dolosa la entrega de material adecuado para su trabajo y provocando con ello que la empleada sufriera dos accidentes por el calzado inadecuado que portaba, dando lugar a unas lesiones que «se hubieran evitado si se le hubiere facilitado el calzado protector pertinente».
Del mismo modo, la querellada instaba al resto de compañeros a no hablar con ella, dificultando así el ejercicio de sus funciones sindicales, y llevándola a un aislamiento «paulatino pero incesante» con el resto de empleados y cargos políticos.
Finalmente, la afectada recuerda cómo le fue abierto un expediente disciplinario como consecuencia de un escrito que ella misma presentó para informar de la falta de comunicación de la coordinadora con ella, y que acabó siento archivado mientras que la denunciante era sancionada «por palabras inadecuadas a una superior».
«Hostigamiento»
Una situación de acoso que, incide la denuncia, derivó en diversos episodios de estrés y ansiedad, con su consiguiente tratamiento médico, «fruto directo y causal por la vivencia de hostigamiento y trato indigno vivenciados por la paciente por la superior jerárquica -Dolores Alzamora- y con el consentimiento y anuencia de los responsables de ésta -el alcalde y la regidora-, pues permitieron y facilitaron el contexto laboral» al omitir el contenido de varios escritos de queja presentados en su día por la trabajadora.
Se da la circunstancia de que Simonet, quien estuvo al frente de la empresa pública Servicios de Mejora Agraria (Semilla) en el último Govern de Jaume Matas, fue imputado en 2011 por un presunto delito de prevaricación al favorecer, junto a otros responsables municipales, a un constructor que, tras solicitar licencia de obras para demoler y erigir una edificación, acabó invadiendo suelo público sin que fuera sancionado por ello.