El fallido proyecto ferroviario promovido por el segundo Govern del Pacte de Progrés (2007–2011) que debía restablecer la línea de tren que conectaba Manacor con todo el Llevant insular hasta Artà sigue arrojando evidencias de su inviabilidad económica.
Al margen de los millones de euros a los que el actual Ejecutivo autonómico ha tenido que hacer frente por las deudas contraídas en concepto de obras y maquinaria, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) también ha tenido que desembolsar 11 millones de euros para pagar, entre otras, las expropiaciones de las fincas afectadas por el trazado del corredor ferroviario, hoy reconvertido en una vía verde para peatones y ciclistas. Concretamente, tres millones de euros.
Desde SFM –servicio dependiente de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern– apuntan que, en 2011, al inicio de la legislatura, los actuales gestores se encontraron con una deuda de 11,4 millones de euros correspondientes al pago por la expropiación de 1.479 fincas, de las cuales, 1.191 quedaban afectadas por el mencionado proyecto ferroviario. Las mismas fuentes, señalan que las 288 expropiaciones de fincas restantes pendientes de pago se ejecutaron en el marco de otros proyectos.