El GOB ha presentado alegaciones contra la intención de situar una planta asfáltica en Son Corb, Sineu, al entender que con un simple cambio de ubicación se pretende legalizar una actividad que hasta ahora se situaba ilegalmente en suelo rústico en Llucmajor.
Los ecologistas insisten que se afectaría así a un espacio ya muy degradado, e inciden en las afecciones que la actividad de la producción de asfalto deriva tanto en el medio ambiente como sobre las personas.
Entre ellas, destacan consecuencias negativas de la actividad como pérdida de valor de las propiedades, merma de la calidad del aire, ruidos y vibraciones, grietas en casas, aljibes y cisternas, pérdida de valor agrícola y ganadero, pérdida de tranquilidad por el tráfico de camiones y perjuicios en las cosechas por el polvo.
Las alegaciones consideran también otros aspectos vinculados a la imposibilidad de garantizar el acceso para los vehículos de gran tonelaje y la degradación de los caminos públicos para desarrollar esta actividad complementaria a la actual actividad de extracción.
Los activistas recuerdan además que, como ya alegaron en 2011, hay un argumento de tipo jurídico insalvable que es la pretensión de hacer constar esta actividad como "Establecimiento de beneficio", incumpliendo así según su parecer la Ley Estatal de Minas.