«Costas demolió Can Ganxo y el Ajuntament d'Escorca, ahora, ha acordado expropiar el resto de la parcela para hacer un aparcamiento. Parece que van a por mí, que quieren hacerme daño», lamenta Pere Vicens, cuya familia ha poseído terrenos de Tuent y sa Calobra desde el siglo XIII.
Hace diez días, el Consistorio escorquí inició la expropiación de la parcela en la que estaba Can Ganxo y otra anexa. Esto es una parte del olivar que crece detrás de la playa de Tuent. La valoración (técnica, pericial, según el alcalde) de la parcela de Vicens (la posee junto a otro socio) no alcanza los 2.000 euros. El suelo aparece clasificado como rústico y el Ajuntament quiere pagarle, en concreto, 1.952 euros.
Vicens explica que Can Ganxo, cuando lo demolieron, albergaba dentro un restaurante a punto de estrenar. «Entre la adquisición y la reforma invertimos [él y su socio] unos 700.000 euros. Costas lo derribó y nos puso una multa de 300.000 euros. Ahora nos pagan menos de 2.000 euros por la parcela. Esto no alcanza ni el 2 por mil de lo que ha costado», relata Vicens, que por otra parte recuerda que su abuelo «cedió gratuitamente quilómetros de terreno para construir la carretera que sirve para llegar al aparcamiento en el que me expropian».
Vicens sospecha que tras la expropiación hay posibles maniobras para perjudicarle y denuncia la legitimidad del Consistorio. El censo electoral de Escorca «está amañado. El poder lo ejerce un grupo de personas que bajo el paraguas del PP tallen i cusen. Los regidores no pueden pensar, solo saben que deben obedecer al alcalde, y el alcalde a determinados poderes. Los que no agachan la cabeza caen de la candidatura. Si el censo fuera real, el alcalde estaría en la oposición. Otra persona gobernaría».