El alcalde de Inca, Rafel Torres, ha anunciado ahora que si la empresa adjudicataria de la reforma, que está formada por una UTE integrada por Dragados-Coexa, y el equipo redactor del proyecto no llegan a un acuerdo antes de final de este mes de enero se llevará el caso a los juzgados para que se depuren responsabilidades.
El alcalde de Inca explicó que «estamos pendientes de los informes técnicos pertinentes» que se redactarán después de más de un mes de reuniones entre las partes implicadas sin que, de momento, se haya hecho público ningún acuerdo.
Si el Ajuntament d'Inca se decide por llevar a la empresa y el equipo de arquitectos al juzgado no quedará otra salida que volver a convocar un concurso y adjudicar de nuevo la reforma integral del edificio centenario. Este proceso dilataría los plazos máximos establecidos para terminar las obras y se perdería el fondo de ayuda europea FEDER que tiene que aportar la mitad del coste de la obra (2,4 millones de euros).