El alcalde de Lloseta y otros tres ediles socialistas serán juzgados el 27 y el 28 de este mes por presunta prevaricación a raíz de varios acuerdos administrativos tomados en 2007 con informes técnicos en contra.
La Fiscalía pide para ellos un total de siete años de inhabilitación y la nulidad de los acuerdos señalados, que están relacionados con la adjudicación de la explotación del teatro y el otorgamiento de licencias de obra.
La denuncia la presentó el PP de Balears hace años, cuando Miquel Ramis era el secretario general. Cargos del PP de Lloseta se desvincularon ayer de la querella y hasta reconocieron que el alcalde les tenía al corriente de los acuerdos ahora cuestionados.
El PP cargó ayer contra la «corrupción» en el PSOE, mientras que el alcalde Bernat Coll aseguró estar «muy tranquilo».