La plataforma Alta Tensión Llucmajor se ha hecho eco del anuncio en el BOE y de la versión preliminar de la planificación del sector eléctrico 2015/2020 manifestando que «aquí tenemos una prueba más de la falta de honestidad del Govern balear. Tristemente su palabra no vale nada».
Explican que el Gobierno central a través de la Dirección General de Política Energética y de Minas ha iniciado la consulta pública, «a la que están obligados por ley, aunque lo han publicado durante las vacaciones de navidad para se pasase el plazo para hacer alegaciones», señalan.
Detallan que esta consulta quiere dar a conocer el informe de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión preliminar de la planificación a efectos de dar cumplimiento a este mandato normativo, se invita a las personas físicas y jurídicas que se consideran interesadas a que realicen las contribuciones que estiman oportunas sobre el mencionado informe de sostenibilidad ambiental (...) a la dirección de correo planifelec@minetur.es.
Críticas
Desde la plataforma indican que «la nueva planificación no recoge las modificaciones pactadas por el Govern balear y las plataformas per la defensa del Llevant y Pus, centradas en reforzar la infraestructura existente en lugar de llevar a cabo los proyectos tal como los había planificado REE».
Apuntan que en el caso de las líneas de Llucmajor «han modificado la potencia de 66 a 132kV para justificar la no utilización de la infraestructura existente, hay una línea de alta tensión de 66 kv que fue construida para hacer la misma función que harán las dos nuevas líneas proyectadas por REE y que ahora esta infrautilitzada cómo de 15kV».
La plataforma denuncia que esta nueva planificación «prepara el camino para que REE pueda llevar a cabo sus planes de rellenar las Balears de autopistas eléctricas que no necesitamos, porque no se ajustan al consumo de los isleños, y que destruirán los paisajes de nuestras islas. Cada vez más se confirma que tanto el Gobierno Central como el Govern Balear trabajan por los intereses de las grandes compañías eléctricas en lugar de los ciudadanos».