El Ajuntament de Vilafranca asumirá los gastos de la defensa jurídica del alcalde popular, Montserrat Rosselló, imputado en octubre por presunta prevaricación administrativa, a raíz de una demanda interpuesta por un vecino de la localidad tras la anulación de la plaza de gerente de la empresa municipal Fita 2020.
Así lo decidieron este martes el Partido Popular y la Lliga en un tenso pleno con el voto en contra de la oposición, Mes Vilafranca (+Vi), y tras un cruce de reproches y acusaciones.
El alcalde está citado a declarar el próximo día 10 de febrero en el Juzgado número 3 de Manacor.
Los gastos del procedimiento serán abonados, de momento, por el Ajuntament. Rosselló explicó que se ha llegado a este acuerdo tras un informe favorable de Secretaría. Pero en el caso de una condena firme, el alcalde se verá obligado a restituir todos estos gastos. Rosselló explicó que se ha tomado esta decisión en el sentido que «la actuación judicial dimana de actuaciones del alcalde en el ejercicio de sus funciones».
La oposición no comparte esta explicación y justificó su voto en contra en el sentido de que «la imputación del alcalde no obedece a un error administrativo ni a un accidente, sino que es una decisión política» a la vez que criticó que «ahora el pueblo tendrá que pagar por ello».
El denunciante, Jaume Català, trabajó en el Ajuntament como personal laboral durante 17 años y de ellos, ocho estuvo como regidor del PSM. En agosto de 2011 hubo un cambio y entró a gobernar el Partido Popular. Poco después Català fue despedido por «motivos económicos», según el propio equipo de gobierno. Al no estar de acuerdo con esta justificación puso el tema en manos de los juzgados y acabó con la imputación del alcalde.
Catalina Bover, portavoz de +Vi, apuntaba a que «cualquier persona ha de estar protegida por la ley y ha de haber un seguro, pero en este caso en particular el alcalde no ha defendido los intereses del pueblo ni tampoco ha dado la cara por nadie, sino que está imputado por una decisión estrictamente política».