Carlos Simarro ha señalizado la cámara de vídeo denunciada por el Col·lectiu Albaïna, que fue objeto de polémica al conocerse su existencia a raíz de la detención de dos personas que fueron grabadas quemando el coche del alcalde mientras estaba aparcado frente a su domicilio en la Gran Via, el verano de 2012.
"Tras la denuncia presentada por Col·lectiu Albaïna porque la cámara incumplía la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el alcalde de Sóller se ha visto obligado a legalizar su cámara de vídeovigilancia", ha señalado en un comunicado el Col·lectiu s'Albaïna. En su resolución, la AEPD otorgaba un plazo de treinta días a Simarro para legalizar la cámara anunciando su existencia, en caso contrario incurriría en una falta tipificada como grave y podría ser sancionado con multas que van desde los 40.001 hasta 300.000 euros.
Según este colectivo ciudadano, el cartel ha sido colocado a cuatro días de vencer el plazo. "Nos alegramos de que el señor alcalde haya tomado responsabilidad de las imágenes que graba de personas que, en el decurso de su día a día, pasan por delante de su casa".