El Ajuntament de Deià ha aprobado una modificación presupuestaria de 445.000 euros para hacer frente a un nuevo mandato judicial que tiene que ver con la restitución de los terrenos y la eliminación del camino de Llucalcari. Esta cantidad se suma a los más de 700.000 euros que la administración pública, Ajuntament, Consell y Govern ya ha gastado en la demolición de los chalets ilegales y en la primera restauración de los terrenos.
La agrupación DEIA, en la oposición, votó en contra de esta modificación presupuestaria. Según su portavoz, Lluís Apesteguia, «estamos de acuerdo en acatar las sentencias judiciales, pero no podemos ni queremos colaborar en este proceso mientras el equipo de gobierno no nos asegure que se reclamarán los cientos de miles de euros gastados en juicios y obras a los culpables políticos y técnicos de las licencias ilegales de los chalets». La Agrupación ha ofrecido su apoyo a la alcaldesa de Deià, Magdalena López (PP), «siempre que decida romper con esta herencia de treinta años». Agrupación DEIA presentó también una moción pidiendo la creación de una comisión de investigación que determine el sobrecoste y la culpabilidad de estas nuevas obras.