El Ajuntament de Sencelles lleva ya un año esperando un permiso judicial que le permita iniciar el derribo de los adosados ilegales de Ruberts y dar así cumplimento a la sentencia que ordena su demolición.
El alcalde, Tomeu Morro, confirmó ayer que el Consistorio aun no ha recibido la autorización del juez que ampare la entrada de los operarios en el solar (una propiedad privada) donde se encuentran las edificaciones.
De hecho, el Consistorio senceller, en tanto que parte condenada (la que debe restituir la legalidad urbanística, según el fallo judicial), adjudicó la demolición en agosto del año pasado a la empresa de Binissalem MAB por 34.000 euros. Pero los operarios de esta empresa no pueden entrar legalmente en el solar.
Sentencia de 2007
La sentencia que declara ilegales los adosados de Ruberts es de 2007. Sin embargo, en verano del año 2008 y tras comprobar que el Ajuntament de Sencelles todavía no había preparado la demolición, el juez firmó un auto ordenando el cumplimiento de la sentencia, requirió al Consistorio que le informara periódicamente de los pasos que iba dando en tal sentido y amenazó con sancionar al entonces alcalde, Joan Carles Verd.
Después vinieron años de apelaciones, demandas de interpretación de la sentencia (para aclarar si había que derribar o no), de negociaciones entre constructora, demandantes y Ajuntament) y el asunto fue alargándose. En marzo de 2012 la Sala ordenó de nuevo el derribo y volvió a amenazar al alcalde con multas. Ahora es un fallo del poder judicial el que retrasa la ejecución.
Los adosados ilegales se construyeron a finales de los 90. Denunció el caso la asociación de vecinos de Ruberts.