Dos hijas de víctimas de desapariciones forzosas ocurridas en 1936 y 1937 en Mallorca han prestado hoy declaración en un Juzgado de Instrucción de Manacor por la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la primera ocasión que pueden relatar sus casos ante la Justicia española.
La presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha destacado la importancia de las comparecencias porque suponen que por primera vez dos víctimas han podido declarar directamente en una sede judicial española, en sus propios juzgados territoriales, sin necesidad de hacerlo por vídeo-conferencia o desplazándose a Buenos Aires y sin la asistencia de la juez que inició e instruye actualmente la causa en Argentina.
Según Oliver, «esto significa que la justicia española está colaborando y abre el camino para seguir el proceso» en España, ha declarado a Efe.
«Por primera vez víctimas del franquismo pueden declarar ante la Justicia española por lo ocurrido y esto es importantísimo», ha insistido.
La Asociación Memoria de Mallorca forma parte de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA) contra los crímenes del franquismo, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Argentina, cuya titular es la jueza María Servini de Cubría.
Víctimas
La primera en prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, en labores de auxilio judicial internacional, ha sido Catalina Moyá, hija de Baltasar Moyá Bauzá, militante del Partido Socialista de Capdepera que fue detenido en 1936 y desapareció unos meses después.
Catalina Moyá ha relatado sus recuerdos y lo que le contó su madre acerca de lo ocurrido a su padre.
«Mis recuerdos son que vinieron a buscarlo cuatro falangistas y se lo llevaron. Mi madre estuvo un mes sin tener noticias suyas y luego supo que estaba detenido en el barco de Jaime I, en el puerto de Palma», ha dicho.
La mujer, tras prestar declaración, ha contado también que a su padre «después lo pasaron a la cárcel, al almacén de maderas apodado Can Mir en Palma». «Decían que lo pusieron en libertad el 15 de enero del 37, pero la libertad fue que por la noche lo asesinaron», ha afirmado.
La hija del desaparecido ha explicado que creen que fue enterrado en una fosa del cementerio de Porreres.
Catalina Moyá confía en que este proceso judicial le permita: «conseguir abrir la fosa de Porreres donde están los restos de mi padre para poder enterrarlos de manera digna junto a los de mi madre». «Tengo esperanzas de conseguirlo», ha expresado.
Posteriormente ha prestado declaración Francisca Mas, hija de Joan Mas, de Izquierda Republicana, que fue el último alcalde republicano de Montuïri. Detenido en su domicilio y asesinado en Palma en setiembre de 1936, fue enterrado en las fosas comunes del cementerio de Palma.
Maria Antònia Oliver ha explicado que la voluntad de las dos mujeres que han declarado y de otras víctimas del franquismo es «conocer la verdad y recuperar los restos de sus familiares».
«Poder declarar ante la justicia y conocer la verdad ya es una reparación», ha subrayado Oliver.
Otra víctima ha sido citada a declarar el día 27, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma en este mismo proceso.
Estas declaraciones derivan de la querella interpuesta en 2010 ante el Tribunal Oral Federal de Argentina, creado especialmente para la defensa de los Derechos Humanos, por parte de un grupo de exiliados españoles por los crímenes cometidos por el franquismo.