El pleno del Ajuntament de Calvià que preside el alcalde Manuel Onieva (PP), ha aprobado ayer definitivamente la ordenanza reguladora de Recogida de Residuos y Limpieza de Espacios Públicos.
El grupo socialista en la oposición votó en contra al considerar que las sanciones previstas en la normativa son «totalmente desproporcionadas» al contemplar multas de hasta 900 euros por faltas leves, de 901 hasta 45.000 euros para las infracciones graves y de 45.001 hasta 1.750.000 euros para las sanciones muy graves.
Según el portavoz socialista, Alfonso Rodríguez Badal, «compartimos la necesidad de ordenar la recogida de residuos, así como de fomentar el reciclaje en origen y el mantenimiento de la limpieza viaria, pero nos parecen desorbitadas las sanciones que se tipifican» ya que, por ejemplo, arrojar colillas, cáscaras de pipas o papeles en la vía pública podrá llegar a sancionarse hasta 900 euros, lo que demuestra claramente «el afán recaudatorio» del Ajuntament.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Bonet, defendió la legalidad de la medida y manifestó que «esto es lo que hay y el que ensucia debe pagar» .
Por otra parte, el Consistorio ha dado luz verde a una nueva ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación por Ruidos y Vibraciones que entrará en vigor antes del próximo verano. Dicha normativa, aprobada provisionalmente en el mes de mayo del año pasado, ha tardado en ser definitiva por un laborioso proceso de participación entre los servicios municipales con todos los sectores afectados, según el concejal de Medio Ambiente.
Esta ordenanza de contaminación acústica regula los ruidos emitidos tanto por empresas como por particulares, bares, actividades nocturnas, maquinaria, así como las obras en verano.
'Pub crawling'
Igualmente el Ajuntament ha aprobado inicialmente una ordenanza para regular el denominado 'pub crawling' más conocido como 'excursiones etílicas' consistentes en rutas de bares organizadas y que hasta ahora se han realizado sin ningún tipo de control.
Esta ordenanza, pionera en Mallorca, estará en exposición pública durante un mes para que los interesados puedan presentar reclamaciones, objeciones u observaciones. El PSOE expresó sus dudas sobre si era mejor prohibir dicha acción o la regulación de una actividad que «daña enormemente la imagen turística del municipio».