El Real Club Náutico Port de Pollença ha registrado en la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears y en el Ajuntament de Pollença el proyecto de impacto ambiental para una futura ampliación de sus instalaciones en las que prevé habilitar 70 nuevos amarres para embarcaciones de 25 metros.
Aunque la ampliación no se contempla a corto plazo (la concesión del club finaliza en 2018 y no la planteará hasta tener garantizada una prórroga), la directiva del RCN Port de Pollença quiere avanzar la tramitación «porque siempre es preceptivo», dice su presidente Pedro Siquier.
Siquier explicó ayer que «lo que se plantea es un mayor aprovechamiento del espigón de la última dársena para embarcaciones de más de 25 metros». «Sobrar no nos sobran amarres de ningún tipo pero los amarres para embarcaciones de más de 25 metros son los que más falta hacen porque ahora sólo hay tres», añade.
El presidente del RCN Port de Pollença calcula que en la última dársena «se podrán habilitar más o menos setenta amarres aunque los detalles no se conocerán hasta que se redacte el proyecto». Siquier recordó que «existen varios anteproyectos de ampliación que se han realizado a lo largo de los últimos años, incluso por juntas anteriores».
Mientras continúa la tramitación del proyecto de impacto (paso previo para la ampliación) el RCN Port de Pollença negocia con el Govern de las Illes Balears en busca de un acuerdo que permita poner fin al litigio que mantienen por las condiciones de la explotación de las instalaciones existentes (disponen de 375 amarres).
La subida de 22.000 euros a 280.000 euros del canon anual que paga el club ha sido el origen del enfrentamiento. El Real Club Náutico Port de Pollença es de los pocos clubs náuticos de Balears que en 2005 decidió mantenerse al margen de la nueva normativa autonómica y continuar dependiendo de la estatal, manteniendo casi invariable su canon durante años pero los dos últimos recibos cursados por Turisme han disparado la cuota.