La Fundación Alzina, la propietaria de las cases de Son Bordils, ha solicitado al juez la suspensión cautelar de la orden de ejecución dictada por el Ajuntament que le manda (a la fundación) hacer obras en el inmueble con el fin de asegurar su conservación. Las cases están catalogadas y protegidas.
Esa orden de ejecución, dictada en 2011, fue recurrida ante la Justicia por la Fundación Alzina al entender que el inmueble ya está en ruina y que la orden encubría en realidad «una rehabilitación» y no unas meras obras de conservación. El presupuesto estimado de la intervención es de 475.000 euros. Por otra parte, al conocerse que la fundación tenía 600.000 euros en un fondo de inversión, el edil de Més Andreu Caballero reclamó al Ajuntament que mandara de nuevo hacer las obras.
En ese contexto, la fundación reclama ahora al juez que suspenda cautelar la orden. Alega que el inmueble ya «se encuentra en situación de ruina» y que «la inmediata ejecución» de las obras «hará perder la finalidad legítima al recurso». Es decir, que de hacer las obras ahora el recurso judicial perdería su sentido.
Por otra parte, el representante legal de la fundación Alzina, Raimundo Zaforteza, cargó contra el Consistorio inquer y contra Més. Cuanto al Ajuntament, Zaforteza recordó que «cuando la fundación le daba dinero para reformar la residencia Miquel Mir [asistir a los ancianos es el fin de la fundación] no decía nada de la conservación de las cases, sino que recibía el dinero». Respecto a Més, Zaforteza dijo: «cuando ese partido tuvo responsabilidades en materia de patrimonio en el Consell no hizo políticas de ayuda a su conservación. ¿Por qué entonces no hizo nada? Y aentonces había dinero». «No quiero hacer política, solo lo digo como ciudadano», puntualizó.