«La calle es de todos, que no nos la quiten». Bajo este lema escueto pero rotundo la nueva Plataforma contra l'Ordenança de civisme de Pollença suma esfuerzos para impedir que se apruebe definitivamente una nueva normativa municipal que trata de poner límites a cuestiones como el botellón, la mendicidad o el caravanismo.
La Plataforma, que cuenta con cerca de cuatrocientos simpatizantes, alerta de que el texto «no está adaptado a la realidad pollencina» y de que su «falta de definición» puede impedir el normal desarrollo de actividades como correr, ir en bicicleta, con patines o monopatín. El enfrentamiento entre el nuevo colectivo ciudadano que se define como «apolítico» y el Ajuntament se ha agudizado esta semana, después de que el gobierno municipal (PP-Pi) hiciera público un comunicado en el que acusa a la Plataforma de hacer una «interpretación malintencionada y partidista» de la normativa. Mientras tanto el tiempo corre y falta solo una semana para que finalice el plazo previsto para presentar alegaciones al texto.
Cuatro son los apartados básicos que han generado más polémica: mendicidad, graffitis y pintadas, acampamento en espacios públicos y botellón o uso inadecuado de espacios de juegos.
La regidora Maria Buades destaca el «el carácter social» de la norma. «No es una norma punitiva sino que persigue sustituir las multas por trabajos en beneficio de la comunidad» pero su punto de vista dista mucho del de la Plataforma que entiende que «es restrictiva porque solo contempla sanciones y no soluciones» y no está dispuesta a dar su brazo a torcer.
La Plataforma insinúa que el Ajuntament cede a las presiones de hoteleros e inmobiliarias para prohibir cuestiones como el caravanismo y pone en duda qué criterio se aplicará para decidir que juegos, juegos de pelota, malabares o acrobacias con patines pueden causar daños o molestias».