La senyera cuatribarrada ha sido declarada símbolo de interés local de Manacor. El pleno aprobó la moción presentada por PSM-IV-Entesa y que contó con los votos a favor del equipo de gobierno CpM-AIPC-ALM, PSOE y Esquerra que sumaron 17 votos a favor. Sólo se contó con los votos en contra de los tres ediles del PP.
La declaración, basada en un artículo de la Llei de Símbols del Govern, también permitirá a todos los centros educativos del municipio exhibir el lazo en defensa de la enseñanza en catalán.
El regidor del PP, Llorenç Bosch, defendió su voto en contra alegando que «la senyera es la bandera de otra comunidad autónoma», en referencia a Catalunya, calificándola de «símbolo foráneo». Desde PSM-IV-Entesa, Miquel Oliver, se apuntó que «la cuatribarrada es la base de la bandera de Manacor y por tanto es un símbolo muy nuestro», además de incidir en la «libertad de expresión que ello supone».
El alcalde Antoni Pastor reprochó al PP que «renuncie al estandarte del Rei En Jaume I y a la bandera de Manacor que se aprobó en 1984 con los votos de los populares». Recordó que el PP de Inca «votó a favor», acusándolos de «mezclar un símbolo cultural con cuestiones de Catalunya que no vienen a cuento». El PSOE, Esquerra y AIPC también defendieron la «libertad de expresión».
Expropiaciones
El pleno también aprobó, pero por unanimidad, una moción en la que se insta a los propietarios de zonas verdes con expediente abierto que «reflexionen y acepten la valoración de los terrenos realizada por los técnicos municipales».
A pesar de que la moción estaba aprobada por todos los grupos, antes del pleno, el PP anunció su abstención al considerar que el texto «podía interpretarse como una coacción a los propietarios e ir en contra de los intereses municipales durante la vía judicial», según Antoni Sureda.
Tras los reproches de todos los partidos al PP al desdecirse de lo pactado, se solicitó la presencia del abogado, el secretario y técnicos para redactar una nueva disposición que «no diera a entender una coacción». Así, el texto pretende «hacer reflexionar sobre el hecho de que las expropiaciones las pagamos todos».