Insospechado revés al Ajuntament d'Inca. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Costera d'Aigües, Gestalis Project Management SL y Comas SA, adjudicataria provisional del concurso para la externalización del servicio de agua potable de Inca, ha quedado excluida del trámite administrativo al no haber depositado el aval al que debía hacer frente para que el proceso continuara. Ello conlleva consecuencias: habrá que adjudicar otra vez el servicio y habrá que reformular el Presupuesto municipal para 2014. También habrá que ver la manera cómo el Consistorio hace frente a la reforma del teatro, cuya financiación estaba vinculada al éxito de la privatización.
La UTE encabezada por Costera d'Aigües debía depositar antes del viernes al mediodía cerca de dos millones de euros previos a la adjudicación definitiva, pero no hizo el depósito. Este rotativo preguntó a Costera d'Aigües sobre los motivos, pero la empresa rechazó hacer declaraciones. Además, el Consistorio dijo desconocer las causas.
El teniente de alcalde, Felip Jerez, explicó que ahora los técnicos municipales analizan la viabilidad de la oferta que en el concurso obtuvo la segunda máxima puntuación, la de Aigües d'Inca. Si es viable, previsiblemente se le adjudicará el servicio. Si no lo es, quizás se convocará otro concurso, pero el servicio se externalizará, aseguró Jerez.
Hay que recordar que Costera d'Aigües proponía mejoras adicionales de 9,4 millones de euros, y por ello obtuvo la mayor puntuación, mientras que la oferta de Aigües d'Inca las limitaba a 4,9 millones.
Otras consecuencias
La (auto)exclusión de Costera d'Aigües acarrea más consecuencias. Por un lado, descuadra la previsión inicial de ingresos municipales para 2014 y, por lo tanto, retrasa la aprobación del Presupuesto, que debía tramitarse el próximo viernes. Asimismo, pone en jaque la reforma del teatro, una obra que debía financiarse mediante el pago de un canon de 2,5 millones de euros. Jerez dijo al respecto que el teatro se va a reformar pase lo que pase y no descartó solicitar un préstamo.
Visto lo sucedido, la oposición (PSOE, Indi y Més) requirió otra vez al gobierno que suspenda de forma definitiva la privatización, y pidió que los 50.000 euros que el Ajuntament obtendrá a raíz de la exclusión de la UTE, como indemnización, «se destinen a política social». «Lo sucedido nos da la razón: la privatización era una chapuza», valoraron.