La propiedad del camping de la Colònia de Sant Pere, UPA SA ha reclamado a la Conselleria de Turisme del Govern Balear una indemnización de 3.391.694 euros por «los daños causados ante el cierre del establecimiento, que se produjo en la temporada de 2003».
La polémica ha perseguido a este establecimiento desde sus inicios. Tras varias denuncias impulsadas por Esquerra Unida, el Consell de Mallorca, en abril de 2006, abrió un expediente de infracción urbanística solicitando la demolición de 88 bungalows porque «eran ilegales e ilegalizables». Paralelamente hubo una sanción que quedó rebajada de 900.000 a 17.293 euros. La entidad UPA SA interpuso un recurso de alzada y en julio de 2012 el Consell Executiu de la administración insular desestimó este recurso.
El grup Iniciativa- Verds hizo una comparecencia pública ayer en el camping para denunciar la «connivencia entre administraciones» a la vez que anunció que se ha personado en la demanda formulada en el Contencioso Administrativo promovido por la propiedad «contra la orden del Consell de demolición de 88 apartamentos ilegales de 28,5 metros cuadrados cada uno».
El coordinador d'Iniciativa-Verds, David Abril ,y el regidor de la formación artanenca, Guillem Caldentey, manifestaron públicamente su preocupación «por la apatía de las administraciones» ante un proceso judicial que ya dura más de 10 años. «Tememos que así como están las cosas se amparen en la voluntad actual del Govern y se intentará reabrir. Nosotros denunciamos la connivencia entre diferentes administraciones. El litigio continua abierto tras años. Lo que pedimos es que se interesen en este proceso y que de una vez por todas se ponga fin al proceso, que se lleve a cabo la demolición y que se vuelva a su estado natural», dijo Abril.
Por su parte, Guillem Caldentey, comentó que «va camino de convertirse en ses Covetes artanenc . Hace años que venimos denunciando una urbanización encubierta que provoca un daño permanente a los vecinos. Es un nido de suciedad. No estamos en contra de los campings». Lamentó que «el Ajuntament de Artà no ha querido comparecer».