Los partidos de la oposición, tanto a nivel autonómico e insular como local, denunciaron ayer públicamente que la aprobación por parte del tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de un acuerdo «transaccional» entre el Govern Balear y la promotora Birdie Son Vida SL., vinculada al conocido empresario Matias Kühn, supone «un acuerdo especulativo» que puede suponer la «destrucción de un lugar de alto valor paisagístico del Port de Sóller».
Después de conocerse este auto judicial que data del día 23 de julio de este año, pero que el Ajuntament de Sóller no había hecho público, las reacciones no se han hecho esperar.
Esquerra Unida Illes Balears recordó ayer en un comunicado que «la urbanización Muleta II de Sóller fue desclasificada por la ley 4/2008 promovida por el Govern progresista por razones más que evidentes ya que las obras se habían iniciado hace más de 40 años y se encuentran abandonadas y no aptas para los servicios urbanos».
Precedente
Por su parte, el Grupo Socialista del Consell de Mallorca manifestó en otro comunicado su «indignación» por el hecho que ahora se aplique la Ley Company, 7/2012 que permitirá la edificación de esta zona del Port. Silvia Cano, secretaria general de los socialistas de Mallorca «con esta ley el PP invita a la destrucción territorial poniendo de nuevo en peligro estos terrenos».
El PSOE coincide con otras voces críticas a la posible recalificación afirmando que «se crea un peligroso precedente porqué los terrenos del señor Matias Kühn en Muleta II no tienen ni calles ni alumbrado ni ningún servicio y por tanto no reúnen los requisitos mínimos para ser declarados urbanos, ni siquiera con la nueva ley del PP».
A nivel local el concejal de Obras y Urbanismo de Sóller, Gabriel Darder (PP) admitía ayer conocer el auto «desde hace más o menos un mes» y destacó solamente que «los técnicos y juristas municipales lo están estudiando porque no están de acuerdo con su contenido».
Por parte de Progressistes per Sóller, Catalina Esteva criticó «sobre todo que el Govern tome partido por el promotor para ahorrarse una hipotética indemnización, sin tener en cuenta el interés general ni el del pueblo de Sóller».