La subida de 22.000 a 280.000 euros del canon anual que paga a las instituciones a cambio de la explotación de sus instalaciones (incluye 375 amarres) ha puesto contra las cuerdas, tras 26 años de gestión, al Reial Club Nàutic Port de Pollença.
El RCN Port de Pollença es de los pocos clubes náuticos de Balears que en 2005, cuando la Comunitat Autónoma aprobó el decreto ley 10/2005 de Ports, decidió mantenerse al margen de la nueva normativa autonómica y continuar dependiendo de la normativa estatal. Esta decisión ha permitido que durante años el canon anual que pagaban al Gobierno central haya estado prácticamente congelado pero los dos últimos recibos cursados a través de la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears aplican una subida de 22.000 hasta 280.000 euros, una subida que el presidente del RCN Port de Pollença, Pedro Siquier, califica de «desproporcionada e insostenible, además de que la revisión no se adapta a los criterios que marca la ley».
El club ha avalado los pagos e interpuesto el correspondiente recurso de reposición del que aún no ha obtenido respuesta. En el aire queda ahora la posible ampliación de las instalaciones o una prórroga de la concesión de la que se viene hablando hace más de una década. «Mientras que no se despejen todas las dudas sobre la duración de la concesión, no queremos hablar de posibles ampliaciones porque debe haber tiempo para amortizar la inversión», dice Siquier.
El club se financia a través de las cuotas que pagan sus 1.400 socios a razón de 90 euros anuales y a través de la gestión de los amarres. Dispone de 375 amarres, algunos de los cuales están cedidos en propiedad hasta el fin de la concesión y otros se gestionan en régimen de arrendamiento. Los ingresos resultantes de la explotación del restaurante completan el puzzle económico.
«De momento hemos podido avalar los pagos y presentar recurso porque teníamos solvencia», explica Pedro Siquier.