La Sala Tercera del Tribunal Supremo se reunirá el próximo 27 de septiembre para decidir sobre la legalidad de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins.
La concesión que otorgó en 2001 el entonces ministro Jaume Matas (PP) establecía que la piscina, construida en la década de los años 70 sobre el mar, debía ser de «uso general, público y gratuito». En 2003, Jaume Sastre y Josep Palou, del Lobby per la Independencia, intentaron utilizarla sin éxito. Se originó entonces un cruce de recursos, demandas y querellas que aún colea en los tribunales.
Ramírez propuso al Ministerio que él utilizaría la piscina de manera exclusiva los meses de verano, y el resto del año la pondría a disposición de los escolares de Son Servera. El Lobby, sin embargo, sostuvo que la ley de Costas prohibía otorgar concesiones de ese tipo y, encima, Ramírez no había presentado el proyecto para el uso público hasta que fue denunciado.
La exministra socialista Cristina Narbona reconoció que esta pileta era un caso «singular», porque el Ministerio no había tramitado concesiones similares desde la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, la abogacía del Estado se alineó con las tesis de Ramírez.
En la actualidad, Ramírez y su familia siguen haciendo uso exclusivo de la piscina. El año pasado el periodista fue fotografiado bañándose en ella junto al empresario Robert Murdoch y su exmujer, Wendy Deng.
La piscina de la familia Marañón, situada a pocos metros de la de Ramírez y también construida encima del mar en fecha similar, fue derribada por la Demarcación de Costas en febrero de 2010 por su situación ilegal.