El edil Andreu Caballero (Més per Inca) comparó en el plenario de ayer el concurso para la privatización del suministro de agua con el de la venta de Can Domenge. El regidor criticó que ambos fijan un canon o precio máximo a ingresar por las administraciones adjudicatarias.
El pliego de condiciones del concurso, aprobado ayer de forma definitiva, establece que las empresas licitadoras tendrán 50 puntos «tanto si ofrecen 2,5 millones de euros como 25», dijo Caballero, en concepto de canon fijo. Si una empresa ofrece 1 millón obtendrá menos de 50 puntos, pero si ofrece 2,5 o 3 o 10 recibirá 50, el máximo posible.
El equipo de gobierno rechazó la comparación. «Es una chorrada de pleno», dijo Antonio Aguilar, edil de Hacienda. Aguilar manifestó: «Ese Consistorio siempre ha mantenido que el agua se externalizaba para afrontar la reforma del teatro, y con 2,5 millones es suficiente. A partir de aquí, hemos preferido que las licitadoras centren sus ofertas en las mejora en la red», valoradas también por el pliego. Aguilar recordó que «nadie, ni PSM, ni ATTAC, ni GOB han hecho alegaciones relativas al canon».
De las alegaciones presentadas al pliego, se han estimado dos, una de las cuales excluirá a las empresas que no acrediten cierta experiencia en gestión del agua y en ciudades de más de 20.000 habitantes.
El pleno fue muy tenso. El PP defendió en solitario externalizar el servicio y la oposición, en la otra parte, la rechazó.
Asimismo, el gobierno anunció que estudia denunciar a toda la oposición (PSOE, Indi. y Més) por «vulnerar» la ley de protección de datos. Dichos partidos «facilitaron a los medios documentos municipales con información personal», en referencia a la factura del estudio económico para la privatización del agua.