Todos los partidos de la oposición en el Ajuntament de Pollença forzaron el jueves por la noche en pleno la aprobación de una moción que obliga al alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (PP), a encargar un informe técnico y jurídico con el objetivo de poder recurrir a la vía administrativa o judicial (la que más convenga) para garantizar el fondeo gratuito en la Punta de l'Avançada, donde la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha instalado este verano fondeos de pago.
El alcalde, que gobierna en minoría con seis regidores frente a los nueve de la oposición, aseguró ayer que no encargará los informes porque está seguro de que estos dirán «que la instalación de las boyas se ha hecho según lo que marca la ley».
11 euros
La moción trata de evitar que los navegantes tengan que abonar 11 euros por embarcación para hacer uso de los fondeos que el Govern explota en la zona a través de una empresa concesionaria. Las boyas tienen su origen en un proyecto LifePosidonia iniciado en 2006, pero este será el primer verano en que se cobre por fondear, después de que el Govern haya sacado a concurso la explotación del servicio que en temporadas anteriores (hubo boyas entre 2006 y 2009 y después se suprimieron) era gratuito.
Los navegantes han convocado mañana una travesía reivindicativa contra los fondeos de pago en la Punta Avançada al entender que «privatizan» el mar.
La moción aprobada en el pleno con la abstención del equipo de gobierno municipal (PP-Lliga) insta a la Conselleria de Medi Ambient a paralizar de forma inmediata el cobro de la tasa en los fondeos de la Punta Avançada y a que permita el fondeo gratuito. Solicita además «que Medi Ambient aborde la problemática de los fondeos de una manera global considerando las actuaciones a realizar en toda la bahía, considerando la preservación medioambiental y el atractivo turístico y evitando el afán recaudatorio en las medidas que se adopten».
El alcalde, Bartomeu Cifre, dijo ayer que coincide con el resto de grupos en este último punto, pero entiende que anular el procedimiento por el Govern adjudicó la explotación de las boyas tendría un «coste elevado».