La Guardia Civil ha solicitado a la magistrada que instruye el 'caso Calvià' que tome declaración en calidad de imputado al conseller de Turisme, Carlos Delgado. En un oficio, los investigadores comunican a la instructora el estado de las pesquisas que han seguido al registro el pasado mes de marzo de las dependencias municipales. Hasta el momento los agentes sólo han terminado de analizar tres de los 20 expedientes relacionados con la emisora local que se llevaron del Consistorio. A raíz de estos documentos extraen la conclusión de que existen indicios de la participación de más de una decena de personas en delitos contra la administración pública y de falsedad. Además de la petición de que se «deduzca testimonio/imputación» del conseller se incluyen otros miembros del equipo de gobierno como Bartolomé Bonafé e Isidre Cañellas, además de varios funcionarios, entre ellos la interventora y el secretario.
Sobre Delgado, la Guardia Civil afirma que fue quien autorizó el inicio del expediente, aprobó el gasto de 240.000 euros, de la apertura del procedimiento y que da el visto bueno a las doce facturas presentadas por el adjudicatario, Rumbo Visión. Además, delegó en su teniente de alcalde, Bartolomé Bonafé la asistencia a las mesas de contratación. Además afirma que existe un «evidente fraude de ley» en el contrato y una concertación en los distintos implicados.
Las pesquisas
En otro oficio, la Guardia Civil explica a la magistrada el progreso de las pesquisas. De momento sólo se han podido analizar tres de los contratos, todos ellos referidos al año 2004 y a la publicidad que recibía la empresa. El cálculo de los investigadores es que hasta dentro de unos ocho meses no estará completo el análisis, en parte debido al «limitado personal» de la unidad y a la existencia de otras investigaciones complejas en marcha. La investigación analizada hasta ahora se refiere al primer contrato de producción, redacción, realización y programación de Radio Calvià en el año 2004. La querella interpuesta por el Partido Socialista contra Delgado, defendido por el abogado Antoni Monserrat, explica que todos estos contratos prorrogados durante años se realizaron con la intención por parte del alcalde de beneficiar económicamente a Antonia Pastrana. El documento señala que existen numerosas irregularidades en los contratos de la radio. A la adjudicación directa de la explotación de la emisora se unen las sospechas sobre la forma en la que se facturaban los contratos publicitarios que recibía. Ese es el fondo de otros dos de los expedientes analizados: los contratos de la Radio con otra empresa, Rumbo Visión S. L. De hecho, en una providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma reclama al Ajuntament que entregue todas las facturas relativas a estas adjudicaciones.
En total, según la querella del Grupo Municipal Socialista, suscrita por el letrado Pablo Alonso de Caso, a través de la Radio se habrían defraudado al Consistorio 1.412.080,90 euros.