El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (CxI), acusó ayer al Govern de «actuar por criterios partidistas» al negarse a financiar el 75 por ciento de los costes del derribo de los adosados ilegales de Ruberts, sobre los que pesa –como ocurría en ses Covetes– una sentencia judicial. No hace falta recordar que el Govern financió con 339.000 euros (el 75 por ciento del coste) la demolición de los 68 apartamentos ilegales junto a la playa del Trenc, un caso de urbanismo ilegal prácticamente idéntico al del caserío senceller. La negativa del Ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá constituye, según Verd, «un menosprecio a este Ajuntament y a los sencellers».
«Este Govern no gobierna para todos», aseguró el alcalde, quien recordó que Ruberts está protegido como Bien de Interés Cultural. «Los valores de Ruberts son tanto o incluso más respetables que los de ses Covetes», insistió, y lamentó «el menosprecio del conseller ‘mallorquinista' (en referencia a Biel Company) al legado de Mallorca». Es suficientemente conocido que ese llogaret encarna los valores de la Mallorca rural. «La negativa obedece a razones partidistas y no medioambientales o culturales», sentenció.
El alcalde aludió también a los motivos con qué la Administración autonómica razonó su subvención al Ajuntament de Campos. «Se argumentó que era un sitio emblemático de la geografía mallorquina y se hizo referencia a la escasez de recursos económicos del Consistorio». Dichas razones también legitimarían una ayuda a Sencelles, dijo.
Por último, Verd lamentó haberse enterado del «no» mediante la prensa, y recordó que su Ajuntament ha solicitado hasta dos veces por carta ayuda al Ejecutivo pero que no ha recibido respuesta. «Lo consideramos una falta de respeto institucional», dijo. A pesar de la negativa, sin embargo, el alcalde manifestó su intención de solicitar de nuevo la ayuda del Govern.
Hay que recordar que la demanda de colaboración la aprobó el plenario de Sencelles por unanimidad, con los votos a favor del PP.
Además de ses Covetes, el Ejecutivo autonómico ha financiado también parte de la demolición de los chalés ilegales de Llucalcari, un caso que, como el de ses Covetes, presenta multitud de semejanzas con el de Ruberts.