El Govern de les Illes Balears no prevé hacer frente al 75 por ciento del coste de demolición de los chalés adosados ilegales del caserío de Ruberts, tal y como exige el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (CxI), aferrándose al precedente de ses Covetes; donde el Ejecutivo autonómico ha sufragado el mismo porcentaje sobre el coste total del derrumbe de los 68 apartamentos construidos al margen de la ley, pese a contar también con una licencia urbanística otorgada por su respectivo ayuntamiento, y sobre los que pesaba igualmente una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El conseller balear de Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, manifestó ayer a este diario que, de momento, no se plantea acceder a las exigencias de Verd y que, si su departamento -a través de la dirección general de Arquitectura i Habitatge- costeó tres cuartas partes de la demolición de las construcciones levantadas de forma irregular sobre el litoral de Campos, fue porque, debido a su proximidad a las playas vírgenes de Es Trenc, estos inmuebles afectaban negativamente a la imagen turística de toda la comunidad autónoma. «La mala imagen de ses Covetes traspasaba el municipio de Campos», indicó el conseller Company.
Por su parte, alcalde de Sencelles se reunió el martes con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlament para solicitarles el compromiso de instar al Govern a pagar la demolición de los adosados de Ruberts. Aunque Verd reconoció que es injusto que, con los impuestos de todos los ciudadanos de Balears, el Ejecutivo de Bauzá tenga que hacerse cargo de los gastos derivados de una infracción urbanística cometida por un Consistorio en concreto; el alcalde también advirtió de que el precedente de ses Covetes le obliga a solicitar para Sencelles (término municipal al que pertenece Ruberts) el mismo trato dispensado por el actual Govern al Ajuntament de Campos y el de Francesc Antich al de Deià con el derribo, durante la pasada legislatura, de los chalés, también construidos de manera ilegal, en Llucalcari. «El Govern debe tratar por igual a todos los municipios, no puede haber mallorquines de primera y de segunda. Se trata de una cuestión de justicia y de derechos», protestó el martes Joan Carles Verd en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlament.