El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (CxI) se aferra al precedente de ses Covetes para exigir al Govern que asuma el 75 por ciento del coste de demolición de los chalés adosados construidos de manera ilegal en el caserío de Ruberts; sobre los cuales, al igual que en el caso de los 68 apartamentos construidos en el litoral de Campos, pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
En declaraciones a este diario, Verd reconoció que es injusto que, con los impuestos de todos los ciudadanos del archipiélago, el Ejecutivo balear tenga que hacerse cargo de los gastos derivados de una infracción urbanística cometida por un Consistorio en concreto, en este caso, el de Sencelles. No obstante, señaló que el precedente de ses Covetes le obliga a solicitar para su municipio el mismo trato dispensado por el Govern de José Ramón Bauzá al Ajuntament de Campos y el de Francesc Antich al de Deià con el derribo, en la pasada legislatura, de los chalés, también construidos al margen de la ley, de Llucalcari. «El Govern debe tratar por igual a todos los municipios, no puede haber mallorquines de primera y de segunda. Se trata de una cuestión de justicia y de derechos», advirtió el alcalde.
Compromiso
Joan Carles Verd se reunió ayer con los representantes de los grupos políticos en el Parlament para solicitarles el compromiso de instar al Govern a costear la demolición de los adosados de Ruberts. En este sentido, el alcalde de Sencelles consideró «lamentable» que un Ajuntament deba pedir amparo al Parlament «porque el Govern no escucha». Sea como fuere, el Consistorio iniciará esta misma semana los trámites para ejecutar el derrumbe que, según orden del TSJB, deben haber concluido antes del próximo 1 de octubre. «Iniciaremos la demolición, pero esperamos que, mientras, el Govern encuentre una fórmula adecuada para ayudarnos», concluyó Verd.