El Juzgado de Inca ha admitido a trámite la denuncia penal presentada por los líderes de la coalición MÉS, Biel Barceló y Fina Santiago, para investigar la muerte por tuberculosis del inmigrante senegalés sin tarjeta sanitaria Alpha Pam, para lo que ha iniciado las diligencias previas.
Los diputados econacionalistas están citados el próximo viernes, 31 de mayo, para que se personen como acusación popular, ha informado en una nota de prensa MÉS.
Barceló ha confirmado que tanto él como Santiago se personarán para que la denuncia siga su curso.
Además, la coalición ha instado al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a cesar el conseller de Salud, Martí Sansaloni, después de que haya quedado demostrado el «desbarajuste» y el «caos» que reinaba en la Consellería a raíz de que se hiciera pública el acta de una reunión interna celebrada el 10 de mayo, «en plena tormenta política y social a raíz de la muerte» de Pam.
«Si el presidente Bauzá no actúa, será él responsable de la situación», ha dicho Barceló, que realizará esta petición en el próximo pleno parlamentario.
En aquella reunión, ha señalado MÉS, se evidenció que el Ib-Salut ha sido hasta hace dos semanas un «reino de taifas» en el que cada gerencia aplicaba criterios diferentes a la hora de atender a los inmigrantes en situación de irregular, que carecen de tarjeta sanitaria desde septiembre de 2012.
MÉS ha añadido que, según se ha podido saber, la Conselleria había emitido dos documentos contradictorios sobre si se debía facturar los servicios de urgencias o no, y había centros que sí facturaban a inmigrantes amparándose en órdenes de la cúpula de la IB-Salut.
Hasta el 10 de mayo, cuando el caso de la muerte de Pam se publica en los medios de comunicación, «la Consellería pone orden y clarifica los criterios de aplicación», ha precisado la coalición.
Barceló y Santiago han lamentado que haya tenido que morir Pam, para que la Consellería haya corregido esta situación y han apuntado a Sansaloni como responsable político del «caos en que ha estado inmersa la sanidad pública» hasta hace dos semanas.
Santiago ha indicado que Sansaloni y Bauzá conocían estas irregularidades, ya que el pasado 27 de marzo se habían reunido con varias ONG que trabajan con el colectivo de inmigrantes, y que les habían informado que se estaba facturando de forma irregular a personas que no tenían la situación administrativa regularizada.
Además, los econacionalistas han señalado que el presupuesto para 2013 del hospital de Inca ha recortado en un millón de euros la partida destinada a personal y ha incrementado en 500.000 euros la previsión de ingresos, de los cuales 240.000 se prevé que se recauden en concepto de «asistencia sanitaria a particulares», una partida que no existía en presupuestos anteriores.
«Esto explica la presión a la que están sometidos los trabajadores sanitarios, no sólo se recorta personal, sino que además se les exige una mayor facturación», ha precisado Santiago.