El grupo municipal socialista ha defendido la gestión pública del servicio de agua potable de la ciudad, una vez la concesionaria Aguas Manacor SA ha concluido sus 25 años de contrato más dos extras por falta de acuerdo con el Ajuntament, cuyo conflicto está en los juzgados.
«No ha habido voluntad alguna de llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria que pide 8,5 millones de indemnización al Consistorio», explicó la regidora Núria Hinojosa, que criticó además que «todos los equipos de gobierno no han realizado la fiscalización necesaria de la contrata durante todos estos años por lo que no vale la excusa que acusar sólo a Aguas Manacor».
Así, apuntó directamente al alcalde Antoni Pastor, ya que «en los últimos quince años ha estado en el equipo de gobierno como regidor o como alcalde».
Desde el PSOE se considera que «el tema es muy preocupante y se han desaprovechado subvenciones para reformar una red que tiene un alto porcentaje de fugas y está obsoleta, si ha habido ayudas queremos saber en qué se han gastado los euros recibidos». Hinojosa consideró que «nadie va a aceptar una nueva concesión del servicio por dos años como se pretende, lo más normal es la municipalización», en relación al anuncio del delegado de Medio Ambiente, Bernat Amer, de sacar a concurso la nueva concesión durante el próximo verano.
Facturas
Por otra parte, la portavoz Amanda Fernández denunció que el equipo de gobierno del alcalde Antoni Pastor «nos oculta información sobre la relación de facturas pagadas y no pagadas durante 2011 y 2012 en concepto de publicidad».
Fernández manifestó que «el interventor municipal nos ha remitido hasta en tres ocasiones a la regidora Catalina Riera para que nos facilite dicha información, un hecho totalmente ilegal, ya que nos ampara el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales». Así, «no descartamos acudir a la Justicia si no se nos informa sobre las facturas».