La privatización del servicio de agua que ha iniciado el Ajuntament de Inca «ha sido paralizada de manera cautelar por un Tribunal administrativo debido a la presentación de las alegaciones registradas por los grupos políticos de la oposición –respaldadas con 3.000 firmas ciudadanas– y diferentes empresas o particulares», así lo señalaba ayer el regidor y portavoz del grupo socialista en el Ajuntament de Inca, Xavier Ramis.
Esta actuación según Ramis la ha tenido que realizar el Ajuntament de la ciudad «para evitar futuras causas de nulidad con las consecuentes indemnizaciones. Y si no se ha actuado de la manera correcta que se vuelva a realizar de acuerdo con lo que establece la ley».
A partir de ahora, y hasta que el Tribunal administrativo resuelva todo el procedimiento el regidor socialista manifiesta que «el Ajuntament puede continuar resolviendo las siete u ocho alegaciones que se han presentado contra el procedimiento de privatización del servicio de agua de la ciudad».
Entre estas alegaciones figuran la presentada de manera conjunta por los tres grupos de la oposición, al equipo de gobierno del PP, formados por PSOE, Més y Independents y que a la vez contaban con cerca de 3.000 firmas de los ciudadanos de Inca y que no quisieron entregar ante los servicios administrativos municipales. Lo que ha supuesto las reticencias del propio alcalde y el equipo de gobierno en tomar por ciertas las firmas acreditadas por estos tres grupos.
A partir de ahora tendrá que ser el Tribunal quién dictamine sobre este convenio, aunque Ramis manifiesta que «no sabemos el tiempo que puede tardar en resolverse, ya que se trata de un Tribunal administrativo nuevo y no tenemos experiencias precedentes».
Otro de los puntos que señaló Ramis se refería a la adjudicación del convenio del agua ya que manifestó que no comprendía como figura una cantidad «si sabemos que se extraen 2,3 millones de metros cúbicos de agua y el Ajuntament solo tiene autorización para extraer 1.029.000 metros cúbicos».